Derecho a la alimentación en la Nueva Constitución
Por
Sofía Bustos
Chile está en un momento crucial, con bastante incertidumbre de cómo y qué redactaremos en la nueva Constitución. Quienes la redacten podrán decidir si Chile irá hacia un camino sostenible o si seguiremos por el camino en el que venimos. Sofía Bustos, fundadora de la ONG Actuemos, enfocados en seguridad alimentaria en Chile, nos explica por qué la nueva Carta Magna debería incluir el derecho a la alimentación como un derecho humano. Los invitamos a leer y a reflexionar cuál es el país que queremos en torno a la alimentación y salud.
Alimentarnos es vital para poder vivir y es, a su vez, un acto complejo que involucra la forma en que producimos nuestros alimentos, la forma en que los alimentos se transportan, cómo y dónde estos alimentos se comercializan y luego cómo las personas los consumimos. La globalización y los actuales modelos de producción y comercialización han impactado directamente la forma en que nos alimentamos, afectando la salud de las personas y las economías de los territorios.
El valorar los alimentos y promover sistemas alimentarios saludables, justos, sostenibles, con pertinencia territorial y cultural es vital para generar modelos de desarrollo adecuados que permitan a las personas acceder a alimentos de mejor calidad a precios accesibles.
Situación alimentaria en Chile
Chile vive una crisis alimentaria que se ha profundizado en los últimos años y se refleja en los últimos datos publicados por la OCDE, los cuales muestran que Chile es el segundo país con mayor obesidad y sobrepeso (74,2% de la población adulta), ránking liderado por México (75,2%). En el caso de los escolares, la mitad de los niños padecen obesidad o sobrepeso (52% de acuerdo a los últimos datos del Mapa Nutricional de Junaeb 2019). 1
Por otra parte, antes de la aparición de COVID-19, Chile ya se presentaba con 3,9 millones de adultos chilenos con malnutrición por exceso y una tasa de sobrepeso infantil del 9,3%, a la vez que se ponía en evidencia la existencia de cerca de 600 mil personas con inseguridad alimentaria muy grave y cerca de 2,5 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada, es decir, sin acceso regular a alimentos nutritivos y en cantidad adecuada2. Se prevée que el impacto de la pandemia COVID-19 hará que este escenario sea aún más complejo, generando un aumento significativo del hambre y de la inseguridad, a la vez que la disminución en la calidad y variedad de la dieta generará aumento en la obesidad y el sobrepeso, especialmente en los grupos más vulnerables3.
Desigualdad y alimentación
La desigualdad que se vive en Chile se expresa día a día en los alimentos que los chilenos podemos llevar a nuestras mesas. Un estudio del 2017, realizado por el Ministerio de Salud de Chile, reveló que un 27,1% de los chilenos, quienes pertenecen a los dos quintiles socioeconómicos más bajos, no tienen los ingresos suficientes para costear una alimentación saludable y una dieta saludable es 37% más cara que una menos sana según un estudio de Cepal-Minsal y OPS.
El Mapa Nutricional de la Junaeb arrojó que, en comparación con los índices de 2017, la obesidad en alumnos de primero medio retrocedió en 1,25 puntos porcentuales. Por el contrario, en el caso de los niños de prekinder, kinder y primero básico, aumentó en un 1,3 por ciento.
Con estos datos, podemos decir que las nuevas generaciones tendrán un futuro aún peor, el cual, a la luz de los antecedentes, tendrá como mayores afectados a quienes pertenezcan a estratos socioeconómicos más bajos.
La inseguridad alimentaria aumenta al mismo tiempo que aumenta la obesidad, en solo 12 años el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados ha crecido en un 25% y el consumo de comida rápida aumentó casi un 40%. Los lugares donde comprar estos alimentos han aumentado en desmedro del crecimiento de ferias libres o mercados de comercialización de productos frescos y saludables4.
En el 2020 el IPC general, según el informe del INE, creció un 3% mientras que los precios de los alimentos y bebidas llegaron a un 7,6% en el año. Esto implica que crecieron en 2,5 veces del IPC general; situación que se vuelve crítica para la población que se ve afectada por su reducción al acceso a los alimentos y bebidas o se ven obligados a cambiar su estructura de gastos para superar esta diferencia generada entre el IPC general y la de los alimentos y bebidas no alcohólicas, acrecentando la desigualdad en Chile.
Derecho a la alimentación y otros derechos fundamentales
El derecho a la alimentación se considera un derecho humano que el Estado debe garantizar y que debería estar explícito en la Constitución Política.
Este derecho se relaciona con la seguridad alimentaria y con la soberanía alimentaria, toda vez que pretende asegurar a las personas y a las comunidades la cantidad y calidad adecuada de alimentos saludables, sin discriminación de ningún tipo y con pertinencia cultural, para asegurar una vida satisfactoria a todos y todas.
Además, este derecho hace referencia a la protección de la producción nacional agropecuaria y pesquera y a garantizar sistemas alimentarios justos, inclusivos, sostenibles y biodiversos.
Una alimentación adecuada tanto en cantidad y calidad garantiza una vida digna, plena y reduce el riesgo de padecer enfermedades, asegurando de esta forma otro derecho fundamental que es la salud y, es deber del Estado velar por la salud de la población.
El derecho a la alimentación está garantizado en varias constituciones en el mundo. Sin embargo, en Chile no se encuentra expresa. Por ello la vital importancia que toma en el actual proceso constituyente de ser considerada y que sea parte de nuestra nueva carta magna.
El que se incorpore este derecho humano en la Nueva Constitución, permite repensar el modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos que nuestro país ha desarrollado, transitando de un modelo de libre mercado a uno centrado en las personas, otorgando también responsabilidad al Estado la forma que nos alimentamos.
Este derecho se garantizará mediante el diseño de políticas, planes, estrategias y programas que aseguren sistemas alimentarios saludables, justos y sostenibles, para lo cual debemos poner en valor el rol fundamental de la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y sus actividades conexas. Se debe construir una nueva constitución con enfoque ecológico, incorporando los principios de protección ambiental, justicia ambiental e intergeneracional; así como el reconocimiento a la crisis climática, velando a su vez porque se otorgue reconocimiento a los bienes comunes como el derecho humano al agua, asegurando su sostenibilidad, distribución equitativa y resguardo para futuras generaciones.
Entendiendo que las ciudades no pueden subsistir sin lo rural – de ahí obtienen la energía, el agua potable y los alimentos- la nueva constitución debe también suscribir un nuevo trato con la ruralidad. Este “nuevo trato” está fuertemente teñido por los desafíos que le toca enfrentar a esta generación y las venideras: cambio climático, abastecimiento alimentario, generación de energías limpias, escasez de agua potable.
